Nariño siembra paz: comunidades indígenas sustituyen coca y avanzan hacia economías legales sostenibles
En el resguardo indígena de Inda Sabaleta, zona rural del municipio de Tumaco, comunidades étnicas decidieron dar un paso firme hacia la construcción de paz: la erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito, especialmente de coca, como parte de un proceso concertado con el Gobierno nacional y la Gobernación de Nariño.
Esta acción, según explicó la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del departamento, Primith Jurado, es el resultado de un trabajo articulado entre el gobierno departamental y las comunidades, basado en el diálogo y la generación de confianza en territorios históricamente afectados por el conflicto.
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“Esta erradicación es una articulación con procesos que se vienen trabajando en el país. El gobernador de Nariño, junto con su equipo y las comunidades, ha generado diálogos que han permitido llegar a estos puntos de encuentro, donde las comunidades han decidido voluntariamente erradicar los cultivos ilícitos”, señaló la funcionaria.
El proceso contempla la implementación de alternativas productivas como el cacao y el limón, apuestas agrícolas que buscan garantizar ingresos sostenibles para las familias, al tiempo que impulsan el desarrollo económico local en zonas que por décadas han enfrentado abandono estatal.
Además de los proyectos productivos, la estrategia incluye inversiones complementarias en infraestructura básica, como sistemas de acueducto, así como la presencia de distintas dependencias institucionales para fortalecer una intervención integral en el territorio.
“Estamos generando rutas de atención y acompañamiento técnico con agrónomos y expertos en agroindustrialización, para asegurar que estos procesos sean exitosos y mejoren la calidad de vida de las comunidades”, afirmó la funcionaria, destacando la articulación con la política nacional de sustitución voluntaria.
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Dentro de las iniciativas, también se proyecta la construcción de una granja integral destinada a garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas, junto con la implementación de viveros para la producción de semillas. Estos proyectos, financiados con recursos propios del departamento, buscan consolidar una transformación territorial sostenible y duradera, basada en la legalidad y la paz.